Posición de Volt España sobre la Renovación del Consejo General del Poder Judicial y Fiscal General

Llamada de atención ante la incapacidad de renovación del Consejo General del Poder Judicial

España repite prácticamente el diagnóstico del informe publicado en septiembre de 2020, que en resumidas cuentas critica que España, no solo por no ser capaz de no renovar el mandato de su órgano de Gobierno del Poder Judicial, sino que tampoco lo es para reformar la ley por la que se constituye, y todo ello motivado por la falta de diálogo y consenso político.  

Legislación española sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial

Al respecto, cabe señalar que la actual Ley 1/1985, de 1 de Julio del Poder Judicial establece la composición y la forma de elección de los vocales del Consejo, eligíendolos por mayoría de 3/5 en el Congreso y el Senado. Si bien es cierto que ha existido hasta la actualidad un acuerdo tácito para que cada grupo político proponga un número de vocales en función del número de escaños obtenido en las elecciones generales, acuerdo que ahora el Partido Popular ha decidido incumplir con el fin de no perder la mayoría de miembros designados en la composición actual.

Además, dicha Ley establece que el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada 5 años, contados desde la fecha de su constitución. Concretamente, menciona que los “Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”, sin más previsiones al respecto. Igualmente, por mandato constitucional simplemente se menciona en nuestra Carta Magna su composición y cómo deben ser nombrados.

Pues bien, la renovación del CGPJ debió producirse hace más de 2 años y medio, tiempo que lleva actuando en funciones, por clara falta de voluntad política.

La importancia de este Consejo es múltiple, pues realiza muchas funciones actualmente:  entre otras, el nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo, de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, de la inspección de los Juzgados y Tribunales, la formación, nombramiento, ascensos y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados. En definitiva, es el órgano encargado de velar por el buen funcionamiento del Poder Judicial.

Volt y su posicionamiento sobre la renovación de las instituciones judiciales

Respecto de unas y otras funciones, en Volt España hemos aprobado nuestra postura al respecto, que se resume en la búsqueda de una armonización legal respecto a la mayoría de miembros de la Unión Europea, concretamente:

• Defendemos la elección parcial y sucesiva (como en el Tribunal Constitucional) del Consejo General del Poder Judicial, elegido por una Comisión Técnica, con participación de las asociaciones de Jueces, Universidades y Colegios de Abogados, para su posterior ratificación por el Congreso de los Diputados por una mayoría de 2/5.

• Modificación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial, con vistas a que no tengan capacidad decisoria sobre cargos jurisdiccionales tales como magistrados del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional o sus Presidencias.

• El Presidente del CGPJ será elegido por el propio órgano, pero este no será el Presidente del Tribunal Supremo (que se nombrará de forma interina e independiente).

• En caso de que una parálisis política imposibilite la elección de los vocales, la Comisión Técnica elegirá de manera provisional a los vocales del CGPJ. En este sentido, existiría la obligación de realizar una votación cada 3 meses para elegir a dichos vocales.

Además, defendemos modificar la Ley para que el Fiscal General del Estado no sea elegido por el Gobierno, sino por las Cámaras Legislativas, con vistas a que este cargo represente de manera más directa el “interés público” a cuya defensa está encomendado.

Volt Europa y la reforma de la Unión Europea

En Volt Europa defendemos que la reforma de la Unión Europea debe comenzar con cambios en la gestión y la gobernabilidad de sus instituciones. Un edificio mal integrado o dividido en su estructura no puede sostenerse, y la Unión Europea no puede seguir medio integrada y medio dividida, económicamente unificada y políticamente nacionalizada.

Por lo tanto, la solución para los problemas abiertos de la Unión no es una cuestión de “más Europa” o “menos Europa «, sino una “mejor Europa», incluyendo mejores instituciones. Con ello conseguiremos que sus resoluciones no queden en meramente informativas, sino de obligado cumplimiento para los Estados miembros, rompiendo de este modo intereses políticos ineficientes para los verdaderos problemas de los ciudadanos y logrando un retorno en forma de mejoras directas y tangibles.