Ceuta en un mundo incierto
La crisis de Ceuta no tiene precedentes y debe hacernos reflexionar sobre ello.
El mundo ha entrado en una fase de incertidumbres impensables comparado hace un tiempo relativamente corto, cuando existía confianza –tal vez infundada, vista la inestabilidad que se ha revelado– y se podría pensar que las relaciones tendían al comercio, la diplomacia y la cooperación para el desarrollo conjunto. El modelo no ha saltado por los aires, ni mucho menos, aunque parece necesitado de medidas de actualización que bajen a una realidad más dura, manejable desde la evolución y desde la capacidad de maduración de las sociedades que se enfrentan a ella.
En la entrada en Ceuta de una enorme masa humana que hemos visto, aparte del propio hecho, ha habido otros factores que llevan a pensar en algo más que en un movimiento espontáneo de decenas de miles de personas movidas por la necesidad o la desesperación. Según los datos que hemos ido conociendo, también se produjo una entrada irregular de buques militares de una potencia extranjera en aguas españolas. Una acción contraria al derecho internacional que regula las relaciones pacíficas entre países, que quedó excluida de los informes oficiales difundidos a partir de la crisis. No resulta nada fácil explicarse esto desde la perspectiva de países que se necesitan o que quieren centrarse en una evolución de bienestar para sus ciudadanos.
Podría haberse entendido desde la perspectiva de un vecino que, en un momento dado, comete una torpeza. Al hacerlo deliberadamente, vamos un paso más allá: el transgresor entiende que el damnificado saldrá perdiendo si responde de alguna manera; si adopta medidas que lo saquen de la lógica de aquella confianza de la que hablábamos y se sitúa en la de la reticencia y la pérdida del apoyo recíproco. Nos encontraríamos, en ese caso, en un panorama de tensión, de fricción, en donde ya las mejores perspectivas derivadas de la alianza precarizada perderían su potencia y tendrían unas dificultades excesivas para recomponerse: ya no podrían regresar al punto de partida.
Por esto resulta difícil aceptar el silencio oficial, ante algo que parece revelar una complicidad insana entre el gobierno extranjero responsable de la entrada de los navíos y los individuos que, casi como masa fungible, entraron irregularmente en un territorio bajo soberanía española e integrante de la Unión Europea. Que se haya callado esto no parece que obedezca a razones de prudencia defensiva –la necesaria para preparar una respuesta en la que no convenga lanzar los datos a los cuatro vientos–, dado que se trata solo de que la opinión pública conozca en su madurez el verdadero alcance de la situación y los factores que intervienen en ella. Si estamos en lo cierto, la causa de la ocultación podría situarse en el simple politiqueo, en el que, por razones de réditos electorales o de imagen, no se quiera causar alarma.
Sin embargo, todavía existe otra explicación: que no haya una concepción clara de cómo debe producirse la respuesta, cómo necesitamos prevenir nuevas situaciones análogas o cómo afrontar el futuro con un vecino que ha empezado a tomarse demasiado a la ligera los pactos de estabilidad vigentes hasta la fecha. No nos parece una buena actitud, porque, si los responsables de la transgresión observan que esta carece de efectos en su contra, probablemente repetirán o aumentarán su transgresión cuando les apetezca o les convenga. Nada nuevo: los problemas que no se atienden invariablemente crecen.
La cuestión queda, entonces, en manos de nuestro ejecutivo, que quizá necesite comprender que gobierna sobre una sociedad madura. No solamente por su derecho a la información, sino también por su capacidad de ponderar en qué medida actúan adecuadamente quienes rigen sus destinos. No se trata de elegir los problemas en función de los balances que interese ofrecer, sino de que podamos desde abajo conocer de una forma clara también aquello que produce parálisis y queda supeditado a que encuentre por sí mismo una vía de solución, o que se diluya la turbulencia sin que a nadie se le ocurra cómo atajarla o cómo obtener aprendizajes de lo vivido.
No se agota ahí, sin embargo, esta responsabilidad, porque la entrada irregular se ha producido sobre un territorio integrado en el ámbito europeo, del mismo modo que las aguas jurisdiccionales invadidas pertenecen a Europa. Esto implica también una necesidad de actuación bastante más allá de la solidaridad, porque no se trata solo de ayudar a un país en un trance difícil, sino de comprender que el daño se ha producido para todo el conjunto. La importancia del punto geográfico, con su influencia sobre el Estrecho, y el desequilibrio que ha producido denota algo que nadie va a resolver replegando las fronteras y reduciendo su propio espacio vital, sino que parece reclamar una actuación que garantice la tranquilidad y el clima de sosiego quebrados.
Para esto no hace falta ni más gasto ni cesiones lesivas para nadie: necesitamos una buena estructuración de los recursos, con medidas como la integración de los ejércitos de los países de la UE en una fuerza coordinada en el nivel de la asociación internacional a la que pertenecemos. No se trata de realizar una actuación inmediata, sin antes desarrollar la vía diplomática, sino de contar con los argumentos que cualquier potencia tiene para defender y hacer respetar su integridad. Nadie busca el conflicto, y mucho menos dentro de los valores que la cultura democrática ha desarrollado a lo largo de su existencia, pero tampoco resulta aceptable que nuestro propio modelo y nuestro territorio se expongan a injerencias o abusos, simplemente porque, como hemos visto, otras potencias pueden tener un concepto distinto respecto de lo que significa progresar conjuntamente y entenderse.
En conclusión, para llegar a ese mundo de paz ideal al que en teoría todos aspiramos, hace falta desarrollar argumentos que controlen las disfunciones opuestas a su desarrollo. No es cuestión de prepararse para agredir, sino para dar y exigir respuestas a los problemas que surjan en el camino con honestidad, firmeza y sentido de comunidad.