De Orban y Andalucía en tiempos de alarma
El lunes 30 de marzo, en plena pandemia del coronavirus azotando a casi todos los países europeos, Viktor Orbán consiguió que el Parlamento húngaro le otorgase de forma extraordinaria amplios poderes entre los que se encuentran suspender leyes ya existentes o gobernar por decreto por un periodo de tiempo indefinido.
Además de esto, las libertades de los ciudadanos se encuentran limitadas siempre y cuando se considere que expongan “falsedades”, “verdades distorsionadas” o que se enfrenten a las decisiones del gobierno en pos de llevar a cabo la erradicación de la pandemia, pudiendo llegar a entrar en prisión por hasta cinco años. Son muchos los que denuncian el acto, el cual se conoce ya como «el corona-golpe de estado de Orban». Esta es una muestra directa de cómo una democracia puede convertirse en lo que, de facto, se considera una autocracia electoral. Esta “Ley Habilitante” podría ser derogada, siempre y cuando dos tercios de la cámara lo votase así, aunque teniendo en cuenta que el partido de Orbán mantiene la mayoría, es algo bastante improbable. En resumen: el Primer Ministro tiene vía libre para gobernar por decreto sin limitación.
El 4 de abril nos enterábamos por las cinco mayores ONG´s relacionadas con el medioambiente, que la Junta de Andalucía había llevado a cabo la convalidación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía con los votos de PP, Cs y Vox. En resumen, esta decisión cambia 21 leyes y seis decretos que regulan numerosas actividades económicas, reduciendo la participación pública y eliminando garantías ambientales con las que contaba la comunidad autónoma. Se elimina la obligación de ciertos planes a someterse a la evaluación ambiental estratégica, o se rebajan las exigencias ambientales de determinados proyectos y actuaciones. Se permite dejar confinados suelos contaminados o se elimina la obligación de dar a conocer la huella de carbono de productos y servicios, entre otros.
Budapest y Sevilla se distancian casi en 3.000 kilómetros la una de la otra, pero demuestran que en tiempos de crisis y alarma, existe una política capaz de aprovecharse de las situaciones extraordinarias. La distinción entre ambos gobiernos es clara. Mientras que el gobierno de Orbán tiene una deriva autoritaria, el andaluz es plenamente democrático. Sin embargo, en ambos, encontramos como la vieja política, audazmente, aprovecha la situación de calamidad pública y en situaciones extraordinarias para llevar a cabo atajos institucionales que permiten la instauración de leyes y directrices con dudoso beneficio para el conjunto de la ciudadanía.
En estos tiempos, cuando los ciudadanos aceptamos que nuestros derechos se vean recortados en busca de una solución que consiga poner fin a la emergencia en la que nos encontramos, debemos permanecer atentos. El recorte de libertades, la transformación de los avances en la regulación, la lucha contra el cambio climático o los derechos sociales conquistados deben tener una vigilancia constante por los actores sociales y las fuerzas políticas que apoyan el progreso.
Es por esto que desde Volt Europa reprochamos estas actitudes, ya vengan del país magiar o de la comunidad andaluza. Recriminamos la deslealtad y alevosía de estas instituciones públicas y animamos a buscar una forma distinta de hacer política. Una política inclusiva, solidaria y que tenga objetivos de miras a largo plazo, teniendo en cuenta los problemas actuales y los que están por venir.