Apoyo (ético) a las empresas

Según hemos podido leer en prensa, Dinamarca está siendo muy ambiciosa en el plan de reactivación económica. Probablemente la más eficaz pueda ser la de cubrir la mayor parte de las pérdidas a las empresas que no reduzcan plantilla.

27 de abr. de 2020

Según se indica en Bloomberg, ahora además ofrece financiación sin intereses en base al IVA que declararan el año pasado, además de ampliar unas semanas más las medidas disponibles. Pero lo más llamativo, por novedoso, es el hecho de eliminar todas las ayudas a las empresas que paguen dividendos, recompren acciones propias o estén registradas en paraísos fiscales. En Volt pensamos que este tipo de condiciones son más que razonables, si bien pensamos que deben mejorarse, como explicamos a continuación.

No tenemos ninguna duda en el caso de empresas registradas en paraísos fiscales, si bien deberían tenerse en cuenta la presencia de otras compañías “aguas arriba”, tales como matrices u otras fórmulas societarias, lo cual dificulta la identificación de a quien hay que excluir. En resumen, totalmente de acuerdo, pero llegando hasta el fondo de la propiedad. Lo mismo opinamos con la limitación a quienes recompren acciones propias. Tan sólo discrepamos en la inclusión de reparto de dividendos. Hay que tener en cuenta que hay muchos fondos de inversión, de pensiones, etc. que sólo son interesantes para el pequeño inversor si tienen un reparto de dividendos “garantizado”. Si se quitan cabe el riesgo de que se retiren todos esos capitales y se ponga en riesgo el futuro de esas empresas. Por ello, pensamos que este último aspecto debería matizarse sensiblemente e incluso sustituirse por el incremento desproporcionado de bonus a directivos o de salarios de consejeros y propietarios.

No se debe tolerar que las ayudas públicas puedan servir para “coger el dinero y salir corriendo”, cosa que pueda suceder incluso en España con los ICO en curso. En cualquier caso, pensamos que debería anunciarse una labor de inspección aleatoria, o contra denuncia, para buscar el fraude en las empresas que hayan recibido esas ayudas, y recordar que la propiedad podría tener que asumir responsabilidades en caso de uso fraudulento.