Nadie se queda atrás

Por lo tanto, exigimos a todos los Estados miembros que prioricen las medidas sociales para proteger a sus ciudadanos de las consecuencias derivadas de la crisis COVID-19.

Propuesta completa

¿Cuál es el contexto social actual?

El COVID-19 ha empeorado la inseguridad laboral, el desempleo y la marginalidad, al colocar a los países en una situación económica catastrófica. Las personas que ya tenían dificultades económicas son las primeras afectadas por la crisis, y esta precariedad suele ir acompañada de problemas de salud debido a las malas condiciones de vida. Por lo tanto, si bien exigimos la intervención social de los estados para mejorar su situación, también pedimos medidas sanitarias y sociales para garantizar su eficiencia.

¿Cuál es nuestra visión?

Creemos que es responsabilidad de los Estados prestar atención médica a todos los ciudadanos y ayudar y proteger a los más desfavorecidos. Es responsabilidad de cada Estado garantizar la alimentación, la asistencia sanitaria y la vivienda para todos los que viven allí. Todos contribuimos económicamente y decidimos ayudar a los demás en la medida en que aceptamos vivir juntos. El Estado debe ayudar y proteger a los más desfavorecidos, para que no se vean desahuciados socialmente. En el futuro, y con las medidas apropiadas, su situación puede cambiar y podrán contribuir de otra manera a la sociedad. Partimos de una posición difícil, con una alta tasa de desempleo, bajos ingresos y muchas familias con dificultades para acceder a los suministros básicos.

¿Cómo llegamos allí?

1. Ningún ser humano sin hogar. Cuando se les dice a todos los ciudadanos europeos que se queden en casa, algunos de ellos simplemente no pueden. Necesitamos proporcionar un hogar a todos, ahora más que nunca, para detener la propagación del virus y garantizar que el derecho fundamental de la vivienda esté protegido y garantizado. Exigimos como emergencia proporcionar lugares adaptados e higiene básica a las personas sin hogar durante la crisis. Cuando termine la crisis, pediremos a los Estados que continúen ayudando a las personas sin techo, tomando medidas que les den la oportunidad de mejorar su situación y no volver a las calles.

2. Ningún hogar sin suministros básicos. El derecho a la vivienda será adecuado, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y proporcionará el acceso a suministros básicos. Para las personas sin ingresos, particularmente debido a la crisis del COVID-19, debemos garantizar el acceso a suministros básicos como electricidad, agua, calefacción e internet. Necesitamos implementar medidas que les permitan reducir sus gastos de alquiler y suministros durante la crisis, hasta que tengan los recursos suficientes para hacerlo. Pedimos una exención del pago, o al menos un aplazamiento sin intereses, garantizado por el Estado.

3. Ningún niño sin acceso a la educación. A ninguna persona se le negará el derecho a la educación, incluso en tiempos de crisis. Tenemos que asegurarnos de que todos los alumnos, desde la escuela primaria hasta la universidad, reciban educación digital, proporcionándoles conexión básica a Internet y garantizando que todos los maestros y profesores asistan a sus clases y puedan realizar un seguimiento. Asimismo solicitamos la reincorporación paulatina y prioritaria de los alumnos con necesidades especiales y/o en situaciones de riesgo, en grupos pequeños y cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias para permitir que tanto docentes como alumnos puedan trabajar con seguridad.

4. Ningún ser humano sin asistencia sanitaria. El derecho a la salud es una parte fundamental de nuestros derechos humanos y de nuestra comprensión de una vida digna. Debe garantizarse, especialmente en tiempos de pandemia. En un sistema público y universal, el cuidado debe prevalecer, y los pacientes deben considerarse de manera holística (global). Debe garantizarse que nadie se vea médicamente desahuciado, independientemente de su edad, su condición, o su contribución al Sistema Nacional de Salud. No debe haber ninguna limitación en el acceso a la atención médica. Con respecto a las personas mayores y enfermas, debemos garantizar la atención médica ambulatoria en el hogar, coordinando con las comunidades locales y las familias. Se deben contratar más trabajadores públicos para llevar a cabo la prestación de asistencia y cuidados en el hogar (al igual que en otros países como Francia), pagados por la entidad pública.

5. Apoyo y garantías para las iniciativas locales de trabajo, investigación o docencia. La industria es importante, pero ya está recibiendo subvenciones de la entidad pública. La escala económica más pequeña es la que tiene un mayor impacto sobre los ciudadanos individuales, causando mayores oscilaciones hacia los extremos, haciéndolos más vulnerables. Exigimos al Estado que garantice la supervivencia de su actividad y evite el desahucio económico (especialmente debido a la crisis COVID-19). Ningún joven emprendedor o autónomo, ninguna PYME, laboratorio de investigación, equipo de desarrollo o innovación, o iniciativa docente sin un aval público para garantizar su supervivencia.

6. Ningún migrante se deja atrás. El virus COVID-19 no conoce fronteras ni nacionalidades, sin embargo, no todos vivimos la crisis de la misma manera. En los campamentos de refugiados y migrantes, las personas no han podido cumplir el #StayAtHome, ni practicar una higiene básica. Estamos frente a una crisis humanitaria y estas personas son las más vulnerables a la propagación de la enfermedad. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que reciban la ayuda necesaria, a través de asistencia médica y productos sanitarios. Exigimos a los Estados que asuman sus responsabilidades, que ayuden a estas personas, y que las incluyan en el diseño de una solución de salida de la crisis.

7. Ninguna mujer en riesgo de exclusión social. Ser mujer y estar en una situación de riesgo económico, de exclusión social, o de discapacidad, implica una doble discriminación. Esta discriminación puede exacerbarse si coincide con otras circunstancias. El origen étnico o racial, los niveles de ingresos, la identidad cultural y la identidad (orientación) sexual o de género se asocian a una mayor discriminación. Por lo tanto, durante una crisis como la actual, es más necesario que nunca apoyar a las mujeres en riesgo. Adoptar políticas y lanzar campañas de tolerancia cero y de sensibilización sobre la violencia contra la mujer. Asegurar la participación plena e igualitaria de este grupo en la toma de decisiones, evitando techos de cristal y brechas salariales. Garantizar su presencia en los procesos de revisión a nivel nacional, regional y global. Priorizar la eliminación de múltiples formas de discriminación, revocando leyes y políticas discriminatorias. Por ello compartimos las ideas clave de la Declaración de mujeres con discapacidad en cargos de liderazgo político y público: hacia Pekín +25 de su documento Feminismo, discapacidad y liderazgo.

¿Cómo se puede financiar?

En la medida en que los Estados están creando leyes específicas durante esta crisis, exigimos priorizar la inversión pública en este punto, durante el período en que las consecuencias aún están afectando a las personas. También dedicar a estos aspectos las ayudas que puedan llegar a los países desde la Unión Europea. Las medidas de reajuste se abordarán cuando el escenario social y económico cambie a una mejor situación.