La UE y el medio ambiente: el cuento de caperucita verde y el lobo de carbón

Hans Bruyninckx, director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), advertía en su último informe de que el medio ambiente de Europa se encuentra en un punto de inflexión. A pesar de que se han realizado grandes avances en relación con la eficiencia de los recursos y la economía circular, las últimas tendencias destacan la ralentización en los progresos en ámbitos como la reducción de los gases de efecto invernadero, las emisiones industriales, la generación de residuos, la mejora de la eficiencia energética y el porcentaje de energía renovable. En pocas palabras, si continuamos de esta manera no podremos cumplir los objetivos establecidos para 2030 y 2050.

No obstante, tenemos una pequeña oportunidad en la próxima década de ampliar las medidas para proteger la naturaleza, atenuar las repercusiones del cambio climático y reducir radicalmente el consumo de los recursos naturales gracias al llamado Acuerdo Verde Europeo (European Green Deal), que, aunque presenta grandes intenciones, no está exento de polémica. A continuación, veremos qué ha hecho la UE a lo largo de estos años en materia medioambiental, conoceremos qué significa exactamente el famoso Pacto Verde, y reflexionaremos sobre sus posibles repercusiones.

¿Se preocupa la EU por el medio ambiente?

La Unión Europea adoptó el primer Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (PMA) en 1972, cuando empezó a sonar la alarma mundial del cambio climático.

Desde entonces, la formulación de políticas ambientales se ha institucionalizado sólidamente y ha evolucionado hasta convertirse en una de las esferas más activas de la formulación de políticas de la UE. De hecho, la evolución de la política ambiental puede caracterizarse por la constante profundización de las responsabilidades, y muchos autores distinguen tres fases para señalar algunos rasgos institucionales y políticos característicos de esta evolución.

La primera fase, entre los años 1973 y 1987, se caracterizaba por un contexto internacional preocupado por la política ambiental, en el que la Comisión se dedicó a “ecologizar” el discurso europeo y a establecer un núcleo institucional y normativo con rápidos avances. En el periodo de 1987 a 1992 se elaboró el Acta Única Europea (AUE), que proporcionó una base jurídica explícita con ambiciosos objetivos como la extensión de protección del medio ambiente a casi todas las áreas de la UE. Finalmente, del 1993 en adelante, a pesar de que el Tratado de Maastricht reforzó aún más las competencias de la UE, no cabe olvidar que se han dado y se siguen dando tendencias algo contradictorias.

Por un lado, la política ambiental ha tenido una enorme expansión, que se ha reflejado en las conferencias internacionales, donde la UE siempre intenta asumir el papel de líder medioambiental. Por otra parte, algunas preocupaciones que han afectado a la política medioambiental han sido las recientes adhesiones de nuevos Estados, mayoritariamente de países industriales con poca capacidad de adaptarse a corto plazo a una economía verde; y la crisis económica, que ha frenado las ambiciones de los Estados miembros de avanzar en el nivel de protección del medio ambiente.

¿Qué es el Acuerdo Verde Europeo?

El Acuerdo Verde Europeo es una de las prioridades de la Comisión Europea para los próximos cinco años, con el objetivo de establecer un pacto que logre revertir el cambio climático y frenar sus efectos. Explicado brevemente, es una parte integral de una estrategia para implementar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los objetivos de desarrollo sostenible. Como indica la Comisión, tiene por objeto «transformar toda la UE en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos competitiva, en la que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y en la que el crecimiento económico esté desvinculado del uso de los recursos».

Para un objetivo tan ambicioso, que Ursula von der Leyen denomina «el momento del hombre en la luna de Europa», la Comisión marca tres principales líneas de acción: la transformación de la economía de la UE para un futuro sostenible, la posición de la UE como líder mundial y el Pacto Europeo sobre el Clima. En este sentido, reitera la necesidad de tomar la iniciativa en la acción climática en todo el planeta para cambiar el modelo social y económico de la UE, proporcionando al mismo tiempo los recursos económicos para permitir una transición justa – que ponga a las personas en primer lugar, con especial atención a las regiones, industrias y trabajadores que se enfrentarán a los mayores desafíos-.

En cuanto a su financiación, la mayor parte, 503.000 millones de euros, debería provenir del presupuesto de la UE; otros 114.000 millones de euros se inyectarían por parte de los Estados miembros; y los próximos 279.000 millones de euros provendrían en su mayoría del sector privado. Además, Bruselas ha prometido un «Mecanismo de Transición Justa» de 100.000 millones de euros para ayudar a reciclar a los trabajadores que pierdan su empleo en las minas de carbón o las fábricas de acero mediante la creación de puestos de trabajo en nuevos sectores económicos. ¿Qué impacto tendrá en los Estados miembros? Cuando se trata del impacto económico y social, es importante pensar primero en su viabilidad, y luego en sus posibles repercusiones. En relación con su viabilidad, varios expertos subrayan que 1.000 millones de euros -la cuantía que se estima necesaria- son sólo un tercio de lo que se necesitaría si las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse hasta un 55% para el 2030.

Además, uno de los mayores problemas que la Comisión tiene que abordar es el efecto sobre el comercio, ya que Europa necesitará menos petróleo y gas importado, e importantes relaciones comerciales existentes desaparecerían (Rusia la más importante) en contra de la voluntad de muchos Estados miembros. Por último, y lo que es más importante, es que las políticas de cambio climático evocan diferentes reacciones dentro de los gobiernos (los ministros de energía o de industria siempre tienden a atenuar el entusiasmo por el cambio climático de los colegas de medio ambiente) y los países (los Estados miembros más recientes tienden a ser menos entusiastas a la hora de tomar medidas radicales), y el liderazgo de la UE en materia de cambio climático no es tan claro como para conseguir que los BRIC y los Estados Unidos se conviertan en aliados.

En cuanto a los posibles resultados socioeconómicos, no hay una respuesta única, sino que, más bien, los beneficios dependen de los países en general, y de los sectores en particular. Como es sabido, existe una brecha que separa a los líderes medioambientales (Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca) de los llamados “rezagados” (Grecia, Portugal, España y países del centro y del este como Polonia) en sus problemas medioambientales. Mientras que los países ricos del norte desean cambios radicales, los “rezagados” se muestran más reticentes a todas estas medidas, ya que muchas veces dependen altamente del sector industrial.

Para concluir, si bien no se puede negar que el Acuerdo Verde Europeo constituye un gran paso hacia una sociedad más sostenible que pretende integrar a todo el mundo en esta transición, los países líderes en materia de medio ambiente tienen una clara ventaja sobre los “rezagados”. Además, no sólo existe una oposición, a priori, de los sectores que trabajan en el mercado del carbón de Europa del este como Polonia y Hungría, sino que también se producirán divisiones cuando haya que tomar decisiones difíciles (desde el cierre de minas de carbón, mayores exigencias a los agricultores, hasta normas de emisión más estrictas para la industria del automóvil), más aún en el contexto de recesión que vendrá tras la pandemia.